Propuesta de Cartes evitará “inflar” gastos y combatirá clientelismo

Los legisladores se oponen al proyecto de ley de responsabilidad fiscal planteado por el gobierno del presidente Horacio Cartes porque la normativa les impedirá ampliar o “inflar” el Presupuesto General de la Nación para sus propósitos clientelistas, según coincidieron en indicar ayer legisladores que afirman estar a favor de la propuesta del Ejecutivo y que pidieron el anonimato.

De convertirse en ley el proyecto de Cartes, los diputados y senadores se limitarán a aprobar o reducir el plan de gasto anual del Estado elaborado por el Poder Ejecutivo, pero nunca ampliar o realizar agregados en el presupuesto, que finalmente generan problemas a la maquinaria gubernamental, señalaron nuestras fuentes.
 

Cuando se amplía o “infla” el presupuesto, se tiene un plan de gasto irreal y engañoso que crea falsas expectativas en las instituciones públicas y ello generalmente forma parte de la especulación que utilizan los políticos para realizar promesas para sus campañas electorales, agregaron.

El proyecto gubernamental busca evitar abusos por parte del Congreso en ampliar los números del presupuesto remitido por el Ejecutivo, sostienen.

Según el inciso 5° del artículo 202 de la Constitución Nacional, es atribución del Congreso “sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación”.

Para quienes apoyan el proyecto de Cartes, la mencionada disposición constitucional es clara porque no permite que el Poder Legislativo introduzca cambios en el Presupuesto General de la Nación porque su elaboración es de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo.

En cambio, la mencionada normativa constitucional es interpretada de manera contraria por los legisladores que se oponen al proyecto de legislación que evitará las “infladas” o ampliaciones en el presupuesto. Según los que están en contra de la propuesta de Cartes, el Congreso no puede ceder sus atribuciones al Poder Ejecutivo.

 

Fuente:  http://goo.gl/AB8JLo

Constitución no habilita al Congreso para “inflar” el presupuesto general

Para el exsenador Marcelo Duarte el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que impulsa el Ejecutivo no afecta la atribución constitucional del Congreso de aprobar o rechazar el Presupuesto General de la Nación. La Constitución tampoco habilita al Congreso a presupuestar por encima de las estimaciones de ingreso, dado que el texto solo habla de su atribución de sancionar la ley, dijo. Admitió que el presupuesto siempre fue instrumento para el prebendarismo.

Duarte, quien fuera uno de los más respetados parlamentarios de nuestro país, dijo que la ley que impulsa el Ejecutivo de disciplina fiscal se adecua perfectamente a la Constitución, más allá de unas “pequeñas modificaciones” que se le podrían hacer para mejorarlo y evitar una interpretación errónea del mismo.

Indicó que se trata de un proyecto como cualquier otro que el Ejecutivo remite al Congreso sobre una materia sobre la que tiene competencia. En el mismo sentido, su aprobación o rechazo es competencia exclusiva del Congreso, cuestión que no se limita en ningún caso.

Por otro lado, indicó que el proyecto de ley planteado establece limitaciones a los gastos de toda la administración pública y no a la de un Poder del Estado en particular.

Duarte insistió en que no se trata de una imposición sino, en todo caso, y si se aprobase, de una autolimitación a toda la administración del Estado.

Consultado si el Congreso puede “inflar” el presupuesto remitido por el Ejecutivo, el exlegislador dijo que el texto constitucional solo habla de su atribución de “sancionar” la ley. Apuntó que la “mala” práctica respecto al proyecto es que primero se aprueban los artículos referentes a los egresos totales que resultaron de la distribución a las diferentes entidades del Estado. De acuerdo a esa cifra, se aprueba luego la estimación de los ingresos que tendrá la administración del Estado.

Respecto al proyecto de responsabilidad fiscal, puntualizó que no impide el control constitucional, que sigue en manos del Poder Judicial y no hay un cercenamiento de la atribución del Poder Legislativo, ya que no se trata de un “decreto ley” como en tiempos de la dictadura stronista. Indicó que si es aprobada y recurrida por inconstitucional, la Corte Suprema lo determinará, lo cual no va a poder evitar el Ejecutivo. Destacó, además, que el proyecto puede ser aprobado, modificado o, más adelante, derogado.

Duarte sostuvo que el Poder Legislativo no pierde ninguna facultad, ya que no se impide una eventual ampliación presupuestaria durante el ejercicio fiscal. Tampoco existe ninguna limitación en cuanto a la asignación de gastos sino solo sobre la estimación de ingresos.

El exlegislador dijo también que la oposición de algunos sectores obedece a que el presupuesto ha sido, casi sin excepción, desde el advenimiento de la democracia el mecanismo más importante a través del cual se ha ejercido la prebenda política. Apuntó que el Congreso, abusando muchas veces de sus facultades, ha creado cargos que luego son llenados por funcionarios que el Estado no necesita.

Con esto, indicó, se satisfizo el clientelismo político y es entendible que algunos no quieren establecer límites.

Dictamen para el Ejecutivo

Marcelo Duarte fue 10 años presidente de la comisión de Legislación y Codificación del Senado. Reveló que el Poder Ejecutivo le había solicitado un dictamen respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley de responsabilidad fiscal. El exlegislador dijo que una normativa como esta reduciría a su mínima expresión la posibilidad de abultar el presupuesto. Destacó también que a la bancada oficialista el tema le sirve como elemento de presión para exigir espacios políticos, que no obtuvieron en los ministerios y otros organismos.

Fuente: http://goo.gl/Yk1F7K

El Partido Colorado se está depurando

El Partido Colorado está pasando por un proceso de depuración, y ciertamente en este proceso existen sectores que quieren mantener el viejo modelo y otros que optan por el cambio; este es el momento oportuno para que la ANR se reivindique ante la sociedad.

Les invitamos a escuchar atentamente la entrevista al Dr. Enrique Riera.

¿Se imaginan a Robert Acevedo en Comisión Asesora Permanente de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico?

Proveniente del departamento de Amambay, Robert Acevedo, es senador por el Partido Liberal y propuesto para la “Comisión Asesora Permanente de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos”.

Pero curiosamente el Senador Acevedo cuenta con una, no tan pequeña, lista de documentos que lo vinculan con el narcotráfico, tales como:

· En el 2007, desde años relaciones comerciales con Fadh Yamil, sentenciado a 20 años de cárcel en el Brasil por tráfico internacional de drogas. Dicho vínculo permitió que los hermanos Acevedo no fueran molestados en el negocio de los cigarrillos, armas y municiones de las cuales obtuvieron un enorme capital, utilizada en la construcción de estaciones de servicio que están en pleno funcionamiento.

· En el 2010 Última Hora News, de la ciudad de Campo Grande (Brasil), las declaraciones de Nasser Jamil, socio comercial de los hermanos José Carlos y Robert Acevedo, Afirmó que "mientras los Acevedo están en el poder, nuestras armas, cigarrillos y otros contrabandos van a pasar sin problemas y sin ninguna barrera policial que pueda impedirnos".

· En marzo de 2012, el periodista Carlos Gómez denunció que su padre, Aníbal Gómez, comunicador de Pedro Juan Caballero, vivía amenazado por el senador liberal Robert Acevedo.

· Actualmente el político está siendo investigado por la muerte del periodista Carlos Artaza, acribillado el 25 de abril pasado en Pedro Juan Caballero.

· Después de protagonizar un incidente el sábado 03 de agosto pasado, en Investigación de Delitos de Pedro Juan Caballero, legislador reconoció el lunes que, procedió de manera incorrecta en el local policial y agregó que es un perseguido por el “narcoperiodismo”.

Haciendo un análisis minucioso de todo lo dicho más arriba, podemos estar más que seguros que el Senador Acevedo, no está en condiciones de asumir el cargo para el cual fue propuesto; de la misma manera que un ciego no puede guiar a otro ciego, así el narco-Senador Acevedo no puede estar guiando la Comisión Nacional Contra el Narcotráfico, por la misma cuestión de incompatibilidad, ya que en todo caso, van a terminar cayendo en el pozo de la corrupción, del lavado de dinero, del enriquecimiento ilícito y todo a costas del sufrido ciudadano paraguayo.

No se dejen engañar por el zorro Velázquez

El presidente del Congreso, Julio César Velázquez (ANR) es un mentiroso. Aparece en los medios de Prensa apoyando a Cartes, pero trabaja para mantener todo el sistema de corrupción e impunidad, realidades contrarias al programa del Nuevo Rumbo.

Lo que afirma Velázquez:

“No es prioridad del presidente electo Horacio Cartes la reforma constitucional ni los cambios de ministros de la Corte Suprema”.

“Una reforma constitucional no es prioridad”.

Lo que afirmó realmente Horacio Cartes:

“Estoy a favor de una reforma de la Constitución Nacional en el 2014”.

En relación al sistema judicial: “A la ciudadanía le tiene hastiada del Poder Judicial, la injerencia política; entonces creo que tenemos que buscar la selección de jueces. Uno de los temas grandes es la despolitización, sacar esa influencia política a la hora de elegir jueces y fiscales”.

Contradicción de Velázquez:

Los políticos “no tenemos que entrar más en la designación de los ministros de la Corte o de los jueces”.

“En el caso de que Cartes decida hacer cambios en el Poder Judicial, tendría una cómoda mayoría con los liberales para negociar los espacios”. ¿Acaso esto no se llama injerencia política?

ATENCIÓN: Sugirió a los políticos; “no tenemos que entrar más en la designación de los ministros de la Corte o de los jueces”.

Esta recomendación va para los demás políticos, pero él se cree superior a ellos siendo “presidente del senado” y por ende tiene el poder de “designar a los ministros de la Corte y a los jueces”. Y ya lo hizo, porque mediante su presión y amenaza entró por ejemplo un escombro como este González Daher.

Lo de Julio Velázquez es: “hagan lo que yo les digo, pero yo no tengo porqué seguir estas mismas órdenes”.

El Clan Zi y el “sistema de la vieja praxis”

Una de las peores crisis de Ciudad del Este demuestra que el modelo basado en la falsificación, la extorsión y el contrabando masivo puede ser un problema para la supervivencia del sistema. Y este sistema es apadrinado desde mucho tiempo por un político que se hizo rico en esta zona y estamos hablando de Javier Zacarías Irún.

Ahora pretende dar una imagen más cuidada y limpia, pero para que se desprenda de la corrupción deberá soltar demasiadas cosas. Y para mantener las cosas como están, lideró la presión sobre el presidente, junto con los senadores Julio César Velázquez y Juan Carlos Galaverna para colocar a González Daher en el Jurado, dando continuidad a un sistema de extorsión e impunidad.

Entender el sistema cuasi mafioso del clan Zi no es muy difícil, basta ver el modo en que ubican a sus caballos de batalla en el tablero. Cuenta con:

Efectivos policiales dedicados exclusivamente a extorsionar a turistas.

Magistrados que descaradamente extorsionan a los comerciantes. Fiscales y jueces que liberan a narcotraficantes.

La Armada Nacional es cómplice con los puertos clandestinos.

Todos los elementos bien ubicados y Zacarías Irún demuestra que no dirige “hombres de buena voluntad hacia el país”, sino un antro de ladrones.


González Daher (historial):

Destituyó al agente fiscal Alejandro Nissen, quien lo investigaba por la tenencia de un lujoso vehículo “mau”. La causa penal no prosperó, pero Nissen luego fue removido.

Fue involucrado en la evasión de impuesto inmobiliario, respecto a sus propiedades ubicadas en la ciudad de Luque. Sin embargo, después rápidamente fue desvinculado por el entonces fiscal y actual senador Arnaldo Giuzzio.

Alelí Silva, secretaria del titular del Congreso, González Daher, fue imputada por estafa. La funcionaria cobraba el salario de 12 planilleros del TSJE. El mismo senador pidió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la contratación de los 12 funcionarios, que nunca trabajaron.

Gracias a la presunta presión de González Daher, Alelí fue desvinculada del caso mediante una resolución del juez Hugo Sosa Pasmor. Llamativamente, el fiscal Eduardo Cazenave no apeló la decisión del magistrado. Todo ello evidenció el sometimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público al político colorado, que ahora busca volver al Jurado de Enjuiciamiento.

Galaverna, quien paradójicamente hoy aboga por González Daher, lo había acusado de recomendar a las tres cuartas partes de los planilleros del TSJE. El propio Juan Manuel Morales, en su momento integrante del TSJE, había afirmado que la responsable del cobro indebido de salarios de planilleros que figuraban en la nómina de contratados de la Justicia Electoral era Alelí Silva, protegida de González Daher.


Este es un regalo más de Javier Zacarías Irún y de la #ViejaPolitica.