Clan Zacarías, un acorazado inexpugnable

Los pobladores de Ciudad del Este desde hace 11 años sufren las injusticias del clan Zacarías, que administra la Municipalidad como un negocio privado.

Una descabellada resolución judicial, emitida, hace años atrás, por el juez Manuel Seafildin, impide hasta hoy que la Contraloría General de la República (CGR) audite la gestión comunal del entonces intendente, Javier Zacarías Irún y la actual, de su esposa, Sandra McLeod de Zacarías.

Esto hace que los contribuyentes y la ciudadanía toda no sepan en qué es destinado el dinero aportante en diversos conceptos. Sin embargo, los Zacarías, sin ruborizarse, constantemente enarbolan la palabra “honestidad y transparencia” en su gestión. Pero, paradójicamente, el clan no permite, que el máximo órgano fiscalizador de las cosas públicas audite su administración, sobre la cual pesa grandes cuestionamientos.

Los Zacarías convirtieron en un bunker inexpugnable el segundo municipio más importante del país, donde en más de una década de gestión el misterio sigue rodeando con relación al destino dado a los multimillonarios recursos generados en la institución, referentes a diversos rubros.

La Contraloría planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para destrabar la resolución judicial.  Pero el pedido hasta hoy sigue sin resolverse, por lo que continúa la impunidad para el clan Zacarías, que ha convertido en una empresa particular la comuna de la capital del Alto Paraná.

Las autoridades constituidas, aquí en Ciudad del Este, como de cualquier otro distrito de la república, tienen que abandonar la hipocresía y las  mentiras, expresiones que son usadas, constantemente, como arma de varios políticos inescrupulosos. Y esta es una práctica normal en quienes están al frente de esta comuna fronteriza.

Javier Zacarías Irún,  precandidato presidencial por una facción del partido colorado, tiene que dejar en seguir mintiendo a la población esteña y nacional. En una declaración brindada a Radio Cardinal, se jactó una vez más de hombre “honesto y trabajador”.

Pero en la realidad, no es ni uno, ni lo otro. Porque si se cree un hombre honesto, no puede blindar las puertas de la municipalidad a la Contraloría General de la República; y por otro, hay dudas del origen su patrimonio económico financiero, porque, aparte, en haber sido intendente de Ciudad del Este y diputado nacional, no se conoce mucho de su trayectoria en el campo profesional privado.

Toda esta incertidumbre que hay sobre la incalculable riqueza del clan, solamente se desentrañará el día en que la Contraloría ingrese a la municipalidad para auditar los 11 años de gestión de los Zacarías.

La Corte debe expedirse sobre la inconstitucionalidad planteada por la Contraloría y permitir así que se conozca los entretelones que envuelven a la administración municipal esteña. Los  cuestionados ministros de la máxima instancia judicial deben dejar, definitivamente, en ser un instrumento útil de los políticos, como en este caso del clan Zacarías, que maneja a control remoto a varios jueces y fiscales del país, y más concretamente de esta región. Si las instituciones continúan al servicio de los mandamases de turno, el pueblo tiene que seguir saliendo a la calle a exigir justicia y acabar con el blindaje de la comuna esteña.