El coordinador de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este,
abogado Crecencio Molinas, cuestionó las declaraciones de Sandra McLeod de
Zacarías, quien luego de una reunión con el presidente Federico Franco en el
Palacio de López el martes, afirmó que “no se necesita de una resolución para
auditar a Comuna esteña”. Molinas recordó que los Zacarías, a lo largo de los
casi doce años que se encuentran en la institución, han recurrido a argucias
jurídicas para evitar que el ente estatal fiscalice la institución y dijo que
“no hay que mentir cuando los hechos hablan por sí solos”.
Luego de la reunión mantenida ayer con el madatario Federico Franco, Sandra
McLeod de Zacarías, esposa del presidenciable Javier Zacarías Irún, fue
consultada del porqué no permiten que la CGR audite la institución que se
encuentra a cargo de los Zacarías hace casi doce años. A esto McLeod respondió
que “como intendente siempre estoy controlada por la Contraloría General de la
República. No necesito, ni necesita la Contraloría, un pedido de la Cámara de
Diputados para poder auditar cuando mejor le parezca”, expresó la misma.
El abogado Crecencio Molinas cuestionó las declaraciones de McLeod y se
preguntó por qué a lo largo de los años los Zacarías presentan acciones de
inconstitucionalidad, acciones declarativas y recursos de amparo, para impedir
que la CGR investigue a la Municipalidad.
“No hay necesidad de estar mintiendo cuando los hechos hablan por sí
solos”, recordando los recursos judiciales de Zacarías, utilizados para evitar
la investigación.
Indicó que Javier Zacarías Irún, quien también acompañó a su esposa junto
con su hermano Justo Zacarías, en 2003 había presentado un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 2.248/2003 que modifica el código de
organización judicial, que suprime de las funciones del Tribunal de Cuentas, en
el juzgamiento de cuentas de las instituciones públicas. La Corte hizo lugar a
la inconstitucionalidad y hasta ahora solo el Tribunal de Cuentas puede juzgar
la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, ya que la Corte
Suprema de Justicia aún no ha resuelto, casi diez años después, lo planteado
por Zacarías.
Indicó que uno de los grandes negociados, es la venta de las 9 ha, terrenos
expropiados por el Estado para la reubicación de los trabajadores de la vía
pública, pero que fueron vendidos o cedidos casi en su totalidad a empresas
privadas.
Asimismo, dijo que el claro ejemplo de la mala gestión es que los
funcionarios de la comuna no estén cobrando su salario hace cuatro meses. “Esto
de por sí es causal de una intervención”, sostuvo el mismo.
Hasta ahora las autoridades municipales no respondieron a nuestras
consultas sobre los cuestionamientos que se le hacen a la administración.
Javier Zacarías había señalado que recurrió a la Corte porque no se pueden
cambiar las reglas del juego refiriéndose al pedido de que solo el Tribunal de
Cuenta juzgue la gestión de la municipalidad.
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