Un
secreto a voces que sólo necesitaba alguien capaz de volverlo oficial, y
esa persona fue Rubén Cándido Amarilla, quien al asumir su cargo como
ministro del Interior se sorprendió al encontrarse con un sofisticado
sistema de escuchas y grabación de conversaciones telefónicas ajenas,
instalado y operando en el ámbito de la Secretaría del Estado.
¿Espionaje desde el gobierno?
Según reveló un cable de WikiLeaks, el ministro del Interior Rafael Filizzola pidió a la embajadora estadounidense Liliana Ayalde la cooperación de la DEA para poner en funcionamiento un equipo informático donado por Brasil para espiar llamadas telefónicas con celulares entre miembros del EPP.
Hay que mencionar que en el 2010, el Congreso no recibió ningún proyecto de ley referido a las escuchas telefónicas, este hecho preocupó a la embajadora Ayalde, preocupación que fue reforzada por las dudas sobre la legalidad del programa expresado en su momento por el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, y el ministro de SENAD, César Aquino. Sin embargo Rafael Filizzola justificó que la lucha contra la droga es importante, pero (el narcotráfico) no haría caer al gobierno, pero que EPP podría hacerlo.
Todo muy misterioso en el negociado del gobierno, por un lado Lugo hizo vista gorda al asunto y por otro Rafael Filizzola afirmó que no tendrá problemas en expandir el programa de espionaje porque ya tiene un decreto de CONATEL que obliga la cooperación de empresas telefónicas y además cuenta con apoyo de la ley antisecuestro y la constitución de Paraguay. Pero, “en el 2010 el Congreso no recibió ningún proyecto de ley referido a las escuchas telefónicas”. Es decir, no existe ninguna ley que sustente esta acción.
Tras salir a luz el espionaje practicado por el gobierno anterior (Lugo y los liberales), el Presidente de la República, Federico Franco, trata de desmentir tirando el fardo a gobiernos anteriores, pero las fuentes documentales revelan claramente que fue Rafael Filizzola el que inició la instalación de estos aparatos de espionaje en el ministerio del Interior.
¿Lucha contra el EPP? Este fue el frustrado intento de justificar la verdadera finalidad del espionaje, porque el gobierno luguista jamás tuvo ánimo de combatir al EPP, porque eran fieles servidores del ex presidente, a quien le servían como “brazo armado”.Otro dato que desacredita esta justificación es la íntima relación que mantuvo Filizzola con los secuestradores del EPP, a quienes incluso proveyó de protección legal.
¿Lucha contra el narcotráfico? Excusa más falsa, imposible. Porque el mismo Efraín Alegre mantiene abiertas relaciones con temidos narcotraficantes como Jarvis Pavao y Capelo. Del mismo modo la protección legal casi criminal brindada por el gobierno liberal a estas personas habla de una complicidad antes que lucha por contrarrestarlas.
El argumento de autoridad no debilita en nada las pruebas que indican que el espionaje tuvo un sólo objetivo: “descubrir algo ilícito en Horacio Cartes”. Pero la falta de acción judicial revela que no encontraron absolutamente nada. Algunos dirán: “Cartes compró jueces y fiscales”, ¿quiere decir que Efraín Alegre y el mismo Federico Franco fueron comprados por Cartes? Porque ellos son los principales acusadores.
La guerra sucia es la última prueba de que el gobierno liberal anduvo espiando al modo de la KGB en estos últimos 4 años. El peor miedo de Efraín, Federico y Rafael está en que ellos saben la verdad. Saben que no existe ninguna prueba que sustente sus acusaciones contra Horacio Cartes y de esto el pueblo es testigo.
¿Espionaje desde el gobierno?
Según reveló un cable de WikiLeaks, el ministro del Interior Rafael Filizzola pidió a la embajadora estadounidense Liliana Ayalde la cooperación de la DEA para poner en funcionamiento un equipo informático donado por Brasil para espiar llamadas telefónicas con celulares entre miembros del EPP.
Hay que mencionar que en el 2010, el Congreso no recibió ningún proyecto de ley referido a las escuchas telefónicas, este hecho preocupó a la embajadora Ayalde, preocupación que fue reforzada por las dudas sobre la legalidad del programa expresado en su momento por el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, y el ministro de SENAD, César Aquino. Sin embargo Rafael Filizzola justificó que la lucha contra la droga es importante, pero (el narcotráfico) no haría caer al gobierno, pero que EPP podría hacerlo.
Todo muy misterioso en el negociado del gobierno, por un lado Lugo hizo vista gorda al asunto y por otro Rafael Filizzola afirmó que no tendrá problemas en expandir el programa de espionaje porque ya tiene un decreto de CONATEL que obliga la cooperación de empresas telefónicas y además cuenta con apoyo de la ley antisecuestro y la constitución de Paraguay. Pero, “en el 2010 el Congreso no recibió ningún proyecto de ley referido a las escuchas telefónicas”. Es decir, no existe ninguna ley que sustente esta acción.
Tras salir a luz el espionaje practicado por el gobierno anterior (Lugo y los liberales), el Presidente de la República, Federico Franco, trata de desmentir tirando el fardo a gobiernos anteriores, pero las fuentes documentales revelan claramente que fue Rafael Filizzola el que inició la instalación de estos aparatos de espionaje en el ministerio del Interior.
¿Lucha contra el EPP? Este fue el frustrado intento de justificar la verdadera finalidad del espionaje, porque el gobierno luguista jamás tuvo ánimo de combatir al EPP, porque eran fieles servidores del ex presidente, a quien le servían como “brazo armado”.Otro dato que desacredita esta justificación es la íntima relación que mantuvo Filizzola con los secuestradores del EPP, a quienes incluso proveyó de protección legal.
¿Lucha contra el narcotráfico? Excusa más falsa, imposible. Porque el mismo Efraín Alegre mantiene abiertas relaciones con temidos narcotraficantes como Jarvis Pavao y Capelo. Del mismo modo la protección legal casi criminal brindada por el gobierno liberal a estas personas habla de una complicidad antes que lucha por contrarrestarlas.
El argumento de autoridad no debilita en nada las pruebas que indican que el espionaje tuvo un sólo objetivo: “descubrir algo ilícito en Horacio Cartes”. Pero la falta de acción judicial revela que no encontraron absolutamente nada. Algunos dirán: “Cartes compró jueces y fiscales”, ¿quiere decir que Efraín Alegre y el mismo Federico Franco fueron comprados por Cartes? Porque ellos son los principales acusadores.
La guerra sucia es la última prueba de que el gobierno liberal anduvo espiando al modo de la KGB en estos últimos 4 años. El peor miedo de Efraín, Federico y Rafael está en que ellos saben la verdad. Saben que no existe ninguna prueba que sustente sus acusaciones contra Horacio Cartes y de esto el pueblo es testigo.
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