Increíble
por grotesca es la corrupción que devela la denuncia formulada por el
exviceministro de Obras Leoncio Rojas contra Efraín Alegre por haber
provocado un agujero de nada menos que 25 millones de dólares americanos
durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), entre los años 2008 y 2011.
Rojas explicó que, tras asumir el cargo, a mediados del año 2011, ordenó realizar un corte administrativo en la repartición encomendada a su responsabilidad. A raíz del mismo se detectó que el 57% de las obras efectuadas durante la administración de Alegre se encontraban abandonadas.
Solamente en 15 obras de gran porte, la pérdida para la institución representó 103.000 millones de guaraníes.
A consecuencia del supuesto incumplimiento, 15 contratos fueron rescindidos, mientras que otros 22 fueron reordenados. La gravedad del caso importó incluso, en su momento, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. La misma se encuentra actualmente en jurisdicción de la Unidad de Delitos Económicos, a cargo del agente fiscal René Fernández.
Se da el caso incluso de que un organismo financiero multilateral, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió el 4 de febrero de 2010 sobre el carácter de “alto riesgo” que significaba la adjudicación del contrato con el Consorcio Cotafel para la ejecución de las obras de rehabilitación y pavimentación del tramo Caaguazú-Yhû-Vaquería. No obstante, a pesar de la prevención, el acuerdo entre la empresa y el Estado siguió su curso.
Para salvar su responsabilidad en este delicado expediente, el exviceministro de Obras durante la administración de Alegre, ingeniero Andrés Rivarola –actual titular de la Essap–, reconoce la existencia de los atrasos en la construcción de rutas, empedrados y puentes, pero responsabiliza del hecho a las contratistas y acusa a los siguientes titulares del MOPC –en particular a Cecilio Pérez Bordón– de no haber ejecutado las pólizas de seguro correspondientes.
Lo que realmente parece mentira es que en estos casi 25 años de apertura democrática nadie haya movido un solo dedo para desmontar la descomunal estructura de corrupción que desgraciadamente impera en el Ministerio de Obras Públicas; esa infernal maquinaria dedicada a defraudar al Estado, malversar fondos públicos, enriquecer ilícitamente a funcionarios e incrementar aún más las ya de por sí abultadísimas faltriqueras de muchos empresarios viales.
Resulta imperdonable que ningún órgano de control del Estado, fundamentalmente la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y el Poder Judicial, haya impulsado las acciones que se deben para defender los intereses de la ciudadanía y los recursos que esta aporta al fisco a través del pago de sus impuestos, al mismo tiempo que castigar a los responsables de estas verdaderas tropelías cometidas en perjuicio de los dineros públicos.
Los “agujeros negros” en el MOPC no representan “novedad” para la ciudadanía. Es triste reconocerlo.
Lo que allí se viene registrando desde hace décadas es una verdadera sangría de recursos públicos; el engorde de un régimen de corrupción que priva a las paraguayas y a los paraguayos de las obras viales que el país requiere para producir un salto cualitativo en su crecimiento económico y su desarrollo social.
Urge, pues, producir el saneamiento de esta institución del Estado tan sensible para la generación del desarrollo económico y social del Paraguay. En este sentido, quien asuma las riendas del país tras los comicios generales del próximo 21 de abril tendrá la grave responsabilidad de tomar las valientes decisiones que se requieren para imponer la transparencia en el MOPC.
La primera medida, desde luego, pasará necesariamente por la designación de funcionarios honestos, capaces y eficientes en el primer y segundo escalón jerárquico del MOPC. Personas no solamente debidamente preparadas, sino también atentas y celosas administradoras de los recursos públicos; individuos que no se dejen involucrar en la mafiosa rosca vialera comandada por esos “empresarios” inescrupulosos que en las últimas décadas han venido ganando sospechosamente todas las licitaciones habidas y por haber, tragándose así millones y millones de dólares en sobrefacturaciones, prórrogas, “reajustes” de precio y, sobre todo, en la disminución de la calidad de las obras para las que se les contrata, como puede comprobarse a lo largo y ancho del país.
Es hora de terminar con la impunidad que protege a los empresarios y funcionarios inescrupulosos que actúan dentro del MOPC.
Rojas explicó que, tras asumir el cargo, a mediados del año 2011, ordenó realizar un corte administrativo en la repartición encomendada a su responsabilidad. A raíz del mismo se detectó que el 57% de las obras efectuadas durante la administración de Alegre se encontraban abandonadas.
Solamente en 15 obras de gran porte, la pérdida para la institución representó 103.000 millones de guaraníes.
A consecuencia del supuesto incumplimiento, 15 contratos fueron rescindidos, mientras que otros 22 fueron reordenados. La gravedad del caso importó incluso, en su momento, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. La misma se encuentra actualmente en jurisdicción de la Unidad de Delitos Económicos, a cargo del agente fiscal René Fernández.
Se da el caso incluso de que un organismo financiero multilateral, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió el 4 de febrero de 2010 sobre el carácter de “alto riesgo” que significaba la adjudicación del contrato con el Consorcio Cotafel para la ejecución de las obras de rehabilitación y pavimentación del tramo Caaguazú-Yhû-Vaquería. No obstante, a pesar de la prevención, el acuerdo entre la empresa y el Estado siguió su curso.
Para salvar su responsabilidad en este delicado expediente, el exviceministro de Obras durante la administración de Alegre, ingeniero Andrés Rivarola –actual titular de la Essap–, reconoce la existencia de los atrasos en la construcción de rutas, empedrados y puentes, pero responsabiliza del hecho a las contratistas y acusa a los siguientes titulares del MOPC –en particular a Cecilio Pérez Bordón– de no haber ejecutado las pólizas de seguro correspondientes.
Lo que realmente parece mentira es que en estos casi 25 años de apertura democrática nadie haya movido un solo dedo para desmontar la descomunal estructura de corrupción que desgraciadamente impera en el Ministerio de Obras Públicas; esa infernal maquinaria dedicada a defraudar al Estado, malversar fondos públicos, enriquecer ilícitamente a funcionarios e incrementar aún más las ya de por sí abultadísimas faltriqueras de muchos empresarios viales.
Resulta imperdonable que ningún órgano de control del Estado, fundamentalmente la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y el Poder Judicial, haya impulsado las acciones que se deben para defender los intereses de la ciudadanía y los recursos que esta aporta al fisco a través del pago de sus impuestos, al mismo tiempo que castigar a los responsables de estas verdaderas tropelías cometidas en perjuicio de los dineros públicos.
Los “agujeros negros” en el MOPC no representan “novedad” para la ciudadanía. Es triste reconocerlo.
Lo que allí se viene registrando desde hace décadas es una verdadera sangría de recursos públicos; el engorde de un régimen de corrupción que priva a las paraguayas y a los paraguayos de las obras viales que el país requiere para producir un salto cualitativo en su crecimiento económico y su desarrollo social.
Urge, pues, producir el saneamiento de esta institución del Estado tan sensible para la generación del desarrollo económico y social del Paraguay. En este sentido, quien asuma las riendas del país tras los comicios generales del próximo 21 de abril tendrá la grave responsabilidad de tomar las valientes decisiones que se requieren para imponer la transparencia en el MOPC.
La primera medida, desde luego, pasará necesariamente por la designación de funcionarios honestos, capaces y eficientes en el primer y segundo escalón jerárquico del MOPC. Personas no solamente debidamente preparadas, sino también atentas y celosas administradoras de los recursos públicos; individuos que no se dejen involucrar en la mafiosa rosca vialera comandada por esos “empresarios” inescrupulosos que en las últimas décadas han venido ganando sospechosamente todas las licitaciones habidas y por haber, tragándose así millones y millones de dólares en sobrefacturaciones, prórrogas, “reajustes” de precio y, sobre todo, en la disminución de la calidad de las obras para las que se les contrata, como puede comprobarse a lo largo y ancho del país.
Es hora de terminar con la impunidad que protege a los empresarios y funcionarios inescrupulosos que actúan dentro del MOPC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario