En
un comunicado suscrito por José Domingo Arias, presidente, y Carlos
Villasboa, secretario de la junta directiva, expresa que las tierras
pertenecen a la comunidad indígena de Cuyabia y que fueron objeto de una
venta fraudulenta. Apunta que el autor de tal hecho vandálico fue el
propio titular de la institución encargada de administrar y velar por
los derechos de los compatriotas indígenas (Presidente del Instituto
Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel).
Indi antes de que Federico lo destituya
El
presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel,
renunció antes de que el presidente de la República, Federico Franco, lo
destituya. Ayer se anunció que el funcionario será cambiado por mal
desempeño en sus funciones, al vender 25.000 hectáreas de tierras
ocupadas por los ayoreos a un precio irrisorio y en total contravención
de la Constitución. Esa operación, calificada de ilegal, fue considerada
como la gota que colmó el vaso.
Quesnel
fue nombrado presidente del Indi el pasado 20 de julio de 2012, pocos
días de la destitución del presidente Fernando Lugo. Una vez en el
cargo, reinició los trámites para la compra de cerca de 8.000 hectáreas
de tierra en el distrito de Unión, para “crear una ciudad indígena”,
negociación que había fracasado porque gran parte del inmueble era
inundable. La presión de los indígenas y de algunas instituciones
indigenistas obligaron al funcionario a suspender las negociaciones.
Pero
sin dudas, la gota que colmó el vaso fue la venta ilegal de las 25.000
hectáreas de tierras ocupadas por los ayoreos en el Chaco. El inmueble
fue adquirido por el Indi en 1996 y fue ocupado primeramente por los
guaraní ñandéva, pero como estaba en territorio de los ayoreos,
decidieron ceder a estos últimos. Hace dos años, los nativos ayoreos,
con ayuda de la Gobernación y del propio Indi, ocuparon de nuevo la
propiedad, por formar parte de su antigua zona de recolección y caza.
Para
sorpresa de los aborígenes, el 20 de noviembre pasado, con la firma de
Rubén Quesnel, el Indi comunica a la Municipalidad de Mariscal
Estigarribia que el inmueble fue vendido a Julia Beatriz Vargas Meza. La
transferencia constituyó un acto totalmente ilegal e inconstitucional.
Inconstitucional
La
Carta Magna dice claramente en el Capítulo V, Art. 64: “Los pueblos
indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en
extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de
sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de
estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles,
intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar
obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán
exentas de tributo”.
La
propiedad figura en la Dirección General de Registros Públicos a nombre
del Indi, y al estar ocupada o al formar parte de un territorio
ancestral, que nadie puede negar, no puede ser vendida como establece la
Constitución. Sin embargo, Quesnel hizo caso omiso y vendió el inmueble
en G. 1.250.000.000, mismo precio que compró el Indi en 1996.
La
venta generó todo tipo de reacciones: de los indígenas, indigenistas y
de la propia Iglesia Católica, que reclamó a Franco por este acto. Ante
las numerosas críticas, Quesnel, al abandonar una entrevista con el
entonces presidente en ejercicio Óscar Denis, comunicaba que sacó una
resolución que suspendía la venta, luego de que el acto ya se formalizó
vía escribanía. Calificó su actuación como un “error administrativo”.
Ayer, el titular del Indi confirmó a ABC Color que presentó su renuncia a la presidencia del Indi para evitar ser destituido.
“No
fui destituido, voy a presentar mi renuncia”, aseguró Quesnel en una
escueta comunicación con ABC Color. Agregó que tomó la decisión “para
que pueda defenderme en forma del ataque que ustedes estuvieron
publicando”, en referencia a las notas relacionadas a la venta ilegal de
las 25.000 hectáreas de la comunidad Cuyabia.
Finalmente,
el presidente Federico Franco confirmó ayer la destitución del
presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel al
frente de la entidad.
El
anuncio lo hizo sin brindar mayores detalles, tras una conferencia de
prensa en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (Capedi),
ubicado en la ciudad de Itauguá. Agregó que "ya está; solo falta el
sustituto".
La
destitución se da luego de denuncias de indígenas y oenegés sobre
supuestas irregularidades en la transferencia y venta de tierras nativas
en varios puntos del país.
Uno
de los casos más llamativos fue la venta irregular de 25.000 hectáreas
de Teniente Picco, en el Departamento de Boquerón. Tras denuncias de
nativos ayoreos que reclaman las tierras como suyas, y de grupos
indigenistas y oenegés, el mismo Quesnel tuvo que anular la operación,
tras haber firmado la transferencia del terreno, por unos G. 1.250
millones, alegando un error de procedimiento.
Además,
Rubén Quesnel revivió el año pasado el polémico caso de las tierras de
Unión, sobrevaloradas y no aptas para el asentamiento de indígenas. En
aquel entonces, Quesnel afirmó que las tierras sí eran aptas para
nativos, pese a que en un mayor porcentaje, se trata de un terreno
inundable.
A
DISPOSICIÓN. En horas de la tarde de ayer, Quesnel confirmó a medios de
prensa que ponía su cargo a disposición del presidente, quien ya había
tomado la decisión de destituirlo al frente de la institución estatal,
por irregularidades en su gestión. Funcionarios de la entidad mencionan
que el próximo lunes podría aparecer el sustituto.
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